La primera sesión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-1) tuvo lugar en Punta del Este (Uruguay), en noviembre de 2022. Los países acordaron el marco general de las negociaciones, estableciendo que el tratado abarcaría todo el ciclo de vida del plástico, desde su diseño y producción hasta su eliminación. En esta primera sesión, surgieron discrepancias en torno a la ambición del acuerdo: mientras algunas naciones defendían medidas estrictas para reducir la producción de plásticos, otras, como Estados Unidos y Arabia Saudí, preferían centrarse en la gestión de residuos.

Las posturas entre países se dividen entre los productores de petróleo y miembros de la llamada “coalición de alta ambición”, que busca medidas más estrictas.

En mayo de 2023, la segunda sesión (INC-2) celebrada en París abordó específicamente el papel de los plásticos de un solo uso y los productos químicos que contienen. Las propuestas para prohibir o restringir estos productos generaron división: mientras la Unión Europea y otros países defendían medidas estrictas para reducir la producción y uso de plásticos de un solo uso; Estados Unidos y otras potencias abogaron por flexibilizar el enfoque. Además, se discutió la creación de un fondo global para financiar la transición hacia economías más sostenibles en los países en desarrollo, un tema que no logró consenso y quedó sobre la mesa para próximas reuniones.

La tercera sesión (INC-3), celebrada en Nairobi en noviembre de 2023, debatió el “borrador cero” del tratado, un documento preliminar que incluye la responsabilidad extendida del productor (REP), haciendo que las empresas sean responsables de los residuos plásticos que generan. Aunque muchos países en desarrollo apoyaron esta medida, otras naciones industrializadas se opusieron, argumentando que podría tener graves repercusiones económicas para sus industrias. En Nairobi, se hicieron evidentes las principales divisiones en las negociaciones: cómo equilibrar la sostenibilidad con los intereses económicos, especialmente en países altamente dependientes de la producción de plásticos.

El límite a la producción de plásticos es el punto más conflictivo.

Otro tema controvertido es la creación de un impuesto global o tasa sobre el plástico para financiar la implementación del tratado. Algunos países de la coalición de alta ambición apoyan la idea de un impuesto, pero otros la rechazan, ya que sería complejo de implementar a nivel global. Además, la responsabilidad extendida del productor, que obliga a las empresas a gestionar los residuos de sus productos, sigue siendo vista con recelo en ciertos lugares. Aunque varios países europeos y latinoamericanos apoyan una REP global; otros, como Estados Unidos y algunos asiáticos, prefieren soluciones nacionales a las particularidades locales de cada región.

Tampoco hay acuerdo sobre el concepto de “ciclo de vida completo” del plástico. La resolución inicial del tratado incluía este término, que implica abordar todos los aspectos desde la producción hasta la disposición final. Sin embargo, algunos países productores de petróleo proponen limitar este alcance únicamente a la fase de desecho. Esta postura, liderada por países como China, Bahréin o Irán; parece querer proteger las industrias nacionales de polímeros y reducir los costes potenciales de cumplir con estándares de producción más estrictos.

Una vez que el tratado entre en vigor, los países estarán obligados a acatar sus disposiciones en sus propias legislaciones nacionales, adaptando sus políticas para reducir la producción de plásticos, gestionar los residuos y otros aspectos especificados en el tratado. La ONU o una comisión especial del tratado probablemente supervisará el cumplimiento, realizando revisiones periódicas y brindando informes para evaluar el progreso de los países y la efectividad del tratado en la reducción de la contaminación plástica.

El texto definitivo que salga de la última reunión en Busan pasará después a la Asamblea General de la ONU, para su aprobación final. Tras ratificarlo la Asamblea, el tratado quedará abierto a los países que quieran firmarlo, que deberán a su vez someterlo a la aprobación de sus propios gobiernos nacionales. Sólo después de que un número suficiente de países haya ratificado el tratado (generalmente este número está especificado en el mismo texto) entrará oficialmente en vigor.